JUICIO A UNO DE LOS DETENIDOS EN LA ACCIÓN NO VIOLENTA EN EL CONGRESO

Mientras la RCADE seguía sin tener noticias nuevas del proceso abierto contra la Policía, uno de los detenidos el 26 de noviembre fue convocado a juicio. Se le acusaba de atentado contra la autoridad y lesiones contra un policía nacional. El fiscal pedía dos años de cárcel y 210.000 ptas. de multa.

El juicio tendría que haber tenido lugar el 21 de mayo. Sin embargo, por incomparecencia de los testigos de la acusación, todos ellos policías, el juicio fue suspendido. En dicha ocasión, la defensa solicitó que la juez se pronunciara sobre cuántos testigos de la defensa iba a aceptar y quiénes serían. Asimismo, se le pidió que dijera si el video que las agencias informativas habían grabado a las puertas del Congreso iba a ser admitido como prueba. La juez no quiso responder a ninguna de estas cuestiones, lo que supuso, en especial en el primer caso, un grave perjuicio para la RCADE, ya que reducía el número de testigos disponibles. En efecto, muchas personas que habían presenciado a los hechos no podían testificar. Al no habérseles convocado oficialmente al juicio, no tenían la posibilidad de pedir el permiso correspondiente para faltar ese día al trabajo. Asimismo, los testigos que podía presentar la defensa se reducían ahora a las personas que residían en Madrid: muchas personas procedentes de otros puntos del Estado encontraban grandes dificultades para ausentarse de su trabajo y desplazarse tantos kilómetros sin tener ninguna seguridad de que la juez iba a aceptarlos como testigos.

Ese mismo día, unos minutos antes de la hora prevista para el juicio, ante las puertas de los Juzgados de la Plaza de Castilla un grupo de integrantes de la RCADE realizaron una acción simbólica denunciando la indefensión a la que se ven abocados los movimientos sociales ante la represión que sufren los colectivos que luchan por una sociedad más justa. "Desnudos antes, desnudos ahora" era el lema que guiaba la acción simbólica, queriendo señalar con esta expresión la similitud entre lo vivido durante la violenta carga policial en el Congreso y lo sucedido en este momento. Para la espectacular acción, los miembros de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) usaron sus propios cuerpos desnudos sobre los que llevaban pintados lemas alusivos a la libertad de expresión.

El 9 de julio era la nueva fecha para el juicio. Esta vez los testigos de la acusación sí que estuvieron presentes. No obstante, no podría decirse que el juicio se celebró con normalidad: la juez había pedido protección policial y varios miembros de la Guardia Civil, armados con porras y pistolas reglamentarias, estaban dentro de la sala. Esta actitud sorprendente por parte de la magistrada resultaba inquietante: ¿tenía la juez una opinión previa sobre el juicio antes de escuchar a los testigos?, ¿no suponía la solicitud de protección una desconfianza, si no una animadversión, frente al acusado y la RCADE? Por otra parte, éste no fue el único hecho que evidenciaba un ambiente tenso desde los inicios: a pesar de que quedaban asientos vacíos, sólo a una pequeña parte de las personas que quisieron presenciar el juicio se les permitió entrar; asimismo, ya comenzada la vista, la juez ordenó expulsar de la sala a uno de los presentes debido a su indumentaria (tal vez se refería -la magistrada no llegó a aclararlo- a su pantalón corto).

Durante el juicio, pudo evidenciarse la falta de solidez de los testimonios de la Policía. Sólo uno de los testigos, el que decía haber sufrido la lesión, dijo poder identificar al supuesto agresor. El resto confesó que no había visto nada. Por otra parte, ninguno de los policías presentes reconoció haber usado las porras contra los manifestantes, a pesar de la evidencia de lo contrario, tal y como se muestra en las imágenes grabadas en vídeo por EFE y Europa Press. Asimismo, uno de los interrogados confesó que había sido apartado del servicio a raíz de las imágenes transmitidas por la televisión. Por otra parte, los testigos de la acusación alegaron que, antes de la carga policial, intentaron por todos los medios disuadir a los manifestantes rogándolos amablemente que se fueran, algo que de nuevo desmienten por completo las imágenes grabadas por las agencias informativas. Incluso, ante la pregunta de si los manifestantes habían actuado con violencia, llegaron a decir que sí ya que se agarraban muy fuertemente entre ellos al intentar separarse: es evidente que agarrarse fuertemente al compañero o a la compañera mientras se corean lemas a favor de la libertad de expresión no es un acto violento, y mucho menos una agresión contra los agentes, sino un acto de resistencia pasiva, de resistencia pacífica, no violenta. No obstante, a pesar de la escasa credibilidad de estos testimonios, la sentencia consideró culpable al acusado y aceptó íntegramente la pena solicitada por el fiscal.

No puede hacerse una valoración cabal de esta sentencia si no se tienen en cuenta determinados hechos acaecidos durante el juicio. Mientras que la juez aceptó todos los testigos de la acusación, en cambio, sólo dejó hablar a dos de los testigos de los 10 que presentó la defensa, lo cual supone un evidente perjuicio para el acusado. Por otra parte, y lo que es quizás aún más significativo, rechazó como prueba el video grabado por Europa Press y Agencia EFE, argumentando que era un documento político y no neutral (no obstante, cabe preguntarse qué interés podrían tener estas agencias en mostrar como culpables a los agentes del cuerpo de antidisturbios, ya que fueron ellas y no la RCADE quienes grabaron el video). Unas imágenes, que habían llevado al entonces Ministro del Interior a considerar la actuación policial como desproporcionada (el acta de Congreso correspondiente tampoco fue aceptada como prueba), unas imágenes que hicieron que uno de los policías fuera apartado del servicio, habían sido rechazadas sin más por la magistrada, que no quiso verlas.

Llama la atención el hecho de que la sentencia considere que la defensa no pudo probar "una supuesta extralimitación abusiva de los agentes de Policía Nacional en el ejercicio de su autoridad", cuando precisamente las imágenes grabadas en video son la mejor muestra de ese abuso por parte de los agentes: en efecto, las imágenes dan fe de una actitud extraordinariamente violenta por parte de la policía y no muestran ni un solo indicio de violencia en la actitud de los manifestantes. No sorprende, por tanto, que la juez emita esta sentencia cuando se rechazan las pruebas que precisamente podrían mostrar la inocencia del acusado y el carácter no violento de la acción.

Ante estos hechos, la RCADE ha decidido recurrir la sentencia por considerarla injusta tanto en su resultado como en sus procedimientos, ya que no se nos ha tratado con imparcialidad desde el mismo momento en el que se han rechazado pruebas vitales para el juicio y se ha producido un trato desigual que nos perjudica en lo que respecta a los testigos. Por otra parte, no podemos dejar de constatar que se ha actuado con mayor rapidez contra uno de los manifestantes que contra los policías implicados, a pesar de que las pruebas que inculpan a estos últimos son evidentes.

Asimismo, al igual que los cientos de apoyos estatales e internacionales que hemos recibido de personas y colectivos de todo tipo, al igual que se muestra en el gran número de firmas recogidas, exigiendo la total absolución del acusado, la RCADE considera que la sentencia es también una sentencia contra la libertad de expresión y contra la posiblidad de construir un mundo más justo. Consideramos además muy grave que, más allá de las irregularidades del juicio, se pueda condenar a dos años de cárcel a una persona por participar en una manifestación no violenta. Resulta sumamente inquietante que la prisión sea el lugar reservado para alguien que sólo quería dejar oír su voz por una causa justa y solidaria como es la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos.